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CORREA PARA EL PUEBLO, ALEGRÍA PARA LOS EMPRESARIOS

Por: MAS-Ecuador, junio 2017

En la década regida por Rafael Correa el capitalismo ecuatoriano experimentó una modernización. Se han construido varias represas hidroeléctricas y la red vial ha mejorado en función de las demandas del capital internacional, se han asignado mayores recursos para la educación y la salud, fomentando en el primer caso el continuismo pedagógico y la elitización, mientras que en el segundo la privatización [1]. En general la infraestructura se ha incrementado, lo cual influyó en el crecimiento económico y de los negocios, en especial de los grandes grupos empresariales, El Juri, Consorcio Nobis, Hidalgo & Hidalgo, Pronaca, La Favorita, El Rosado entre otros [2].
Fuente fotográfica: http://bit.ly/2tbYBdl
Sin embargo, subsisten problemas estructurales como el desempleo y sobretodo el subempleo y el empleo informal [3], la desigualdad social, la pobreza concentrada sobre todo en las áreas rurales, el bajo nivel de industrialización y la consiguiente dependencia económica y tecnológica, la migración hacia las ciudades y a otros países, la falta de vivienda y servicios básicos en las barriadas populares, el congelamiento de los salarios, el deterioro ambiental, la inseguridad e impunidad ante la justicia, la entrega de los recursos estratégicos del país a empresas transnacionales, entre otros problemas que sería largo enumerar.

Se debe precisar que el crecimiento anotado ocurrió en los primeros siete años de administración correísta (del 2007 al 2014), gracias especialmente a los altos precios de petróleo y otros commodities, lo que le permitió al gobierno contar con enormes recursos nunca antes conocidos en la historia del país, estimados en alrededor de 400 mil millones de dólares. Sin embargo, desde el 2015 la situación cambió radicalmente y comenzaron los problemas de la recesión económica por la caída en los precios de los hidrocarburos, la apreciación del dólar, el pago de la deuda externa y el déficit fiscal, lo cual repercutió en crecientes dificultades presupuestarias del Estado y sus limitaciones para cumplir con los compromisos adquiridos. La principal política adoptada por el gobierno ante la crisis fue el endeudamiento tanto externo como interno. La deuda se incrementó desde algo más de $17.000 millones en el 2007 a casi 40.000 millones en el 2017, según cifras oficiales, pero que no toman en cuenta las acreencias con otras instituciones públicas y los contratos llamados de facilidad petrolera, por lo cual las cifras reales son muy superiores.

De esta manera al nuevo gobierno de Lenín Moreno surge débil, no sólo en el plano económico y político, sino también en el aspecto ético y moral, por los graves casos y denuncias de corrupción que han explotado en los últimos meses. Tal situación se reflejó en las elecciones de abril, donde Moreno venció en segunda vuelta con un estrecho margen a Guillermo Lasso, en un ambiente tenso y enrarecido por las denuncias de fraude electoral.

En este contexto, e impedido por el momento para adoptar medidas de ajuste, se entiende el tono conciliador del nuevo mandatario que ha propuesto un “diálogo nacional” con todos los sectores sociales y políticos, buscando distanciarse de la imagen bonapartista de su predecesor y realizar una gestión menos confrontativa. Pero la práctica deja muchas dudas, pues se aprecia que casi la mitad de los nuevos ministros y funcionarios de alto rango ocuparon altos cargos en el régimen anterior, lo cual marca una línea de continuidad con las políticas del correísmo.

Por otro lado, se ha producido un giro de apertura hacia los sectores empresariales más tradicionales, tendencia que se expresa en la composición del frente económico del nuevo gabinete ministerial. Así, la nueva Ministra de Industrias, Eva García, se ha desempeñado como directora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, trabajó varios años para la empresa norteamericana Haliburton, el ministro de Comercio Pablo Campana, es presidente de la Promotora Millenium y yerno de Isabel Noboa, principal del grupo Nobis; el Ministro de Turismo es Enrique Ponce de León, director de Hoteles Decameron. Guillermo León, el nuevo Ministro de Telecomunicaciones, ha laborado en Maxus, IBM y otras empresas transnacionales. Xavier Córdova, quien continúa como Ministro de Minería, tiene vinculaciones con dicho sector. En este mismo sentido Moreno ha anunciado la creación de un Consejo Consultivo Productivo y Tributario vía decreto.

Más allá del discurso y la imagen de izquierda que el gobierno se atribuye y ha impregnado el imaginario colectivo, gracias a la reiterativa publicidad oficialista, la esencia continúa igual: Lenín Moreno significa la continuidad de un régimen burgués funcional al sistema capitalista. Se habla de izquierda, se predica la revolución y la preeminencia del trabajo sobre el capital, pero lo que caracterizó el mandato de Correa y lo seguirá haciendo Moreno, es administrar los negocios de la burguesía, garantizar las ganancias de los 2 banqueros y los empresarios, mantener la explotación de la clase trabajadora y reprimir la protesta social, matizados por un discurso conciliador y engañoso.

¿Cómo enfrentará el nuevo gobierno la crisis económica?

Las primeras declaraciones de Moreno al asumir su cargo, respecto al tema económico, fueron en el sentido de sostener la dolarización y garantizar que no circulará una moneda diferente al dólar. ¿Pero cómo enfrentará la situación de recesión productiva, el déficit fiscal y las ofertas de campaña tales como generar 250 mil nuevos empleos por año, construir 325 mil nuevas viviendas para los que carecen de ella, aumentar el bono para los más pobres, crear 40 nuevas universidades técnicas, mantener los subsidios al gas y la gasolina y varias docenas de ofertas más que se vio obligado a realizar con la finalidad de ganar las elecciones?

El gobierno ha identificado varias fuentes de financiamiento que básicamente constituyen mayor endeudamiento externo e interno. La primera es la contratación de nueva deuda externa a través de la emisión de los llamados “bonos soberanos”. El 31 de mayo Ecuador emitió bonos soberanos por 2 mil millones de dólares que se suman a los mil millones emitidos en enero pasado por la administración anterior, es decir 3 mil millones de endeudamiento en el primer semestre del presente año. La segunda es obtener crédito del Banco Central que ya ha transferido al Ministerio de Finanzas 1 500 millones en lo que va del año. La tercera es obtener nuevos préstamos de la China que se ha convertido en el principal acreedor del país, cuyo monto ascendía a 8 038 millones en marzo del 2017, representando más del 30% de la deuda externa. La cuarta es solicitar crédito a los organismos multilaterales como el CAF-Banco de Desarrollo. En el 2016 el saldo total que se adeudaba a estos organismos fue de USD 8247 millones, según Finanzas. Es muy probable que el actual gobierno recurra al tan criticado FMI que ya el año pasado otorgó un préstamo rápido para afrontar problemas de la balanza de pagos. También las preventas petroleras constituyen otra fuente importante de financiamiento. Las últimas operaciones se realizaron en diciembre del año pasado. Gracias a ello el fisco recibió USD 900 millones por dos contratos de venta de crudo y fuel oil, aunque este tipo de transacciones no son catalogadas como endeudamiento por parte del gobierno. Por último está el recurso del BIESS que puede invertir hasta USD 894 millones en papeles del Ministerio de Finanzas durante este año.

En conclusión, el gobierno actual continuará por el mismo camino que dejó trazado el anterior, es decir de subordinación a las políticas impuestas por los países imperialistas, entrega de los recursos estratégicos como el petróleo, las telecomunicaciones, la energía, la minería a las empresas transnacionales y endeudamiento que nos somete al yugo del capital financiero internacional. Moreno ha dejado en claro que habrá un giro en el modelo económico, donde el sector privado tendrá un papel más activo y preponderante en esta nueva etapa y el Estado irá perdiendo importancia en la gestión económica y la inversión pública seguirá disminuyendo, perfilando de esta forma, una política de austeridad y ajuste. Al parecer, el nuevo mandatario trata de ganar tiempo para no aplicar las medidas de ajuste en lo inmediato, buscando descargar ciertas responsabilidades como la decisión sobre el precio de los pasajes del transporte público, a las entidades municipales.

Entre las medidas que ya estaban previstas con anterioridad están la disminución del IVA al del 14% al 12% y la eliminación de las salvaguardias para miles de artículos importados lo cual beneficia principalmente al sector empresarial, pero complica la situación de los ingresos del sector público.

Se viene un ambiente de conflictividad

Pese a las intenciones del nuevo régimen para generar un ambiente de conciliación y diálogo, las contradicciones se irán profundizando, situaciones conflictivas heredadas del correísmo, como la ley orientada al control de las redes sociales o la normativa ministerial según la cual el Estado no tendrá la obligación de pagar la compensación jubilar prevista en la ley para los funcionarios públicos que se acojan a la renuncia voluntaria, conculcando derechos que están establecidos en una norma anterior. Tal situación afectaría a 35.000 funcionarios, principalmente maestros, que no han recibido este beneficio.

Otro tema que genera malestar, especialmente en el sector campesino, es la nueva ley de semillas. El 1 de junio la Asamblea decidió allanarse al veto del ex-Presidente Correa que permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos con fines de investigación. Esta disposición es inconstitucional por cuanto atenta contra el artículo 401 de la Constitución que declara al país “libre de semillas y 3 cultivos transgénicos”, pero lo más grave son las consecuencias negativas para el mantenimiento de la biodiversidad, la sobrevivencia de las economías campesinas y la soberanía alimentaria, asunto vital para el conjunto de la población.

En el ámbito laboral el nuevo Ministro de Trabajo busca frenar la precarización laboral, propiciando el despido de los trabajadores extranjeros. Se ha manifestado por “una moratoria para dar tiempo suficiente para ir cambiando los empleados extranjeros que están en la irregularidad y la informalidad por empleados jóvenes ecuatorianos, debidamente afiliados.” Entre otras perlas ha manifestado “No es necesario volver a la contratación a plazo fijo” [4]

Amnistía frente a la criminalización de la lucha social

En el campo político está latente el tema de la criminalización de la lucha social. “En estos últimos cinco años, alrededor de 282 personas han sido sometidas a procedimientos penales por hechos relacionados directamente con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Sobre esta base, ha existido un considerable número de sentencias condenatorias con penas que van desde los seis meses hasta los 12 años de prisión por delitos como ataque o resistencia; paralización de servicio público; incitación a discordia entre ciudadanos, entre otros. Hoy en día, al menos 136 personas mantienen procesos penales abiertos por acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de la naturaleza” (Burbano, Véjar y Pasquel, INREDH). Frente a ésta grave situación de represión, la CONAIE y varias organizaciones sociales han emprendido una campaña y una movilización exigiendo a la Asamblea Nacional la amnistía para 177 personas y el indulto para 20 sentenciados. La amnistía y el indulto son figuras reconocidas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. 

Corrupción en las más altas esferas

En los últimos días el tema que más ha sacudido a la opinión pública es el de la corrupción, especialmente por el caso de la empresa brasileña Odebrecht. Aunque este tema fue denunciado hace algunos meses a nivel continental, el gobierno, con la complicidad de funcionarios como el ex-Fiscal General Chiriboga, logró ganar tiempo para que no se revelara la lista de los involucrados durante la campaña electoral.

Una vez posesionado el nuevo mandatario ha comenzado a destaparse la putrefacción que se mantenía oculta. A través de cuatro empresas se camuflaron más de 33 millones de dólares que Odebrecht habría pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos para beneficiarse de contratos que ascienden a sumas millonarias. Los agentes de policía han detenido a ocho sospechosos y el Presidente Moreno anunció que hay más involucrados por este hecho. Entre los implicados está nada menos que el Contralor General del Estado Carlos Pólit, y un tío del Vicepresidente Jorge Glas. Este escándalo se suma a hechos anteriores como como las irregularidades en Petroecuador, donde también están involucrados altos funcionarios del gobierno anterior como el ex- Ministro Carlos Pareja Yanucelli que se halla a buen recaudo fuera del país, como casi siempre ocurre con los pillos enquistados en las cúpulas del poder.

La comisión anticorrupción, formada por miembros destacados de la sociedad civil y las organizaciones sociales independientes del oficialismo, ha sido enjuiciada por varios funcionarios públicos, entre ellos Carlos Pólit, por haber denunciado varios casos con presunciones fundamentadas de corrupción. Sus denuncias no han sido tomadas en cuenta por las entidades llamadas a investigarlas.

De forma hábil y tramposa el Presidente Moreno anunció que combatirá sin tregua este mal enquistado en las más altas esferas de la administración pública y con este propósito conformó el “Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”. De las trece personas propuestas para integrarlo, nueve aceptaron y cuatro se excusaron. Entre los que aceptaron se incluyen tres ministros de Estado y de los seis representantes de la sociedad civil, varios de ellos han estado vinculados al oficialismo, de manera que hay una mayoría cercana al gobierno, por lo cual no se puede esperar una posición de independencia en dicha entidad, menos aún que se judicialice a los verdaderos culpables. Este hecho nos permite confirmar, una vez más, el carácter de los gobiernos capitalistas y la corrupción asociada a su funcionamiento; a propósito, un hecho simbólico es el retorno de Abdala Bucaram, ex mandatario prófugo de la justicia.

Retomar la unidad y la movilización

Aunque no se puede desestimar de plano el llamado al diálogo del régimen de Moreno sobre la necesidad del diálogo, creemos que lo fundamental en este momento es priorizar la movilización como método central de lucha, tal como lo han hecho nuestros hermanos colombianos pobladores del Chocó y Buenaventura, y los trabajadores de Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela. Para ello es necesario unir nuevamente las fuerzas sociales y de izquierda para retomar la movilización independiente en base a una plataforma de lucha, cuyo punto de partida debe ser el restablecimiento de condiciones democráticas mínimas.

En primer lugar es nece exigir que se conceda la amnistía y el indulto a todos los luchadores sociales que han sido encarcelados y enjuiciados por el régsarioimen de Alianza País. Al momento la CONAIE ha presentado ante la Asamblea y el ejecutivo más de 200 casos debidamente fundamentados, pero la experiencia histórica nos muestra que la única manera de alcanzar este tipo de reivindicaciones es mediante la movilización en las calles y la generación de una opinión pública nacional e internacional que se pronuncie por la causa de los perseguidos y enjuiciados políticos.

También exigimos investigación independiente y esclarecimiento de los casos de corrupción, prisión de los corruptos y corruptores, confiscación de sus bienes y expulsión de todas las empresas involucradas en corrupción.

Un tercer tema fundamental es la supresión de los decretos represivos 016, 739, 813, 1701, 225, 703, Acuerdo ministerial 094 y demás acuerdos que coartan el derecho a la organización de los trabajadores y las organizaciones sociales. Por un nuevo Código de Trabajo, con la participación de las bases sindicales que recupere los derechos arrebatados por el correísmo.

También es prioritario reformar la Ley de Comunicación para garantizar el derecho a la libre expresión, así como exigir cambios de fondo en el sistema educativo y universitario para garantizar el libre ingreso a las universidades y otros principios conculcados como el cogobierno, la autonomía y la vinculación con la sociedad.

Además es necesario luchar por el alza general de sueldos y salarios de los trabajadores públicos y privados, el respeto a los derechos de organización y contratación colectiva, la restitución del 40% del aporte estatal para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a fin de garantizar el pago de las pensiones jubilares y la atención a la salud de los afiliados cada vez más deteriorada. En el tema agrario campesino, relegado durante la década correísta, es fundamental impulsar una Reforma Agraria integral que priorice la producción y las demandas de los pequeños y medianos campesinos y no a los grandes empresarios agroindustriales como ha ocurrido en los últimos años.

Debemos retomar nuevamente la movilización de la clase trabajadora del campo y la ciudad y de los movimientos sociales en las calles, para lo cual es imprescindible la unidad de acción entre todos los grupos de izquierda y principalmente las organizaciones sociales que han logrado subsistir al vendaval oportunista del correísmo.


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